Mais uma vez recorro ao jornal espanhol Público para dar a conhecer um
texto sobre o processo golpista de que está a ser vítima a Presidente Dilma. Desta vez, é uma entrevista com um juiz brasileiro.
Transcrevo-o em espanhol, a língua em que foi publicado.
O jornal abre o texto com o destaque de uma frase do entrevistado : “Sim,
estamos perante um golpe de Estado”. E prossegue: “Así de tajante se
muestra en esta entrevista el magistrado André Augusto Bezerra, presidente de la
Asociación de Jueces para la Democracia, en relación al juicio político al que
se enfrenta Dilma Rousseff. La "falta de un crimen de
responsabilidad" y los "indicios de desvío de finalidad" del
'impeachment' son sus principales argumentos.
SAO PAULO.- El presidente de la
Asociación de Jueces para la Democracia de Brasil, André Augusto Bezerra,
explica a Público cómo la presidenta Dilma Rousseff se enfrenta a un
juicio político “no por un crimen de responsabilidad” y sí por la pérdida de
apoyo parlamentario, un motivo insuficiente para derribar a un mandatario en un
sistema presidencialista.
¿Se puede decir que el
'impeachment' al que se enfrenta Dilma Rousseff es un golpe de Estado?
Si entendemos que un golpe de Estado
supone una toma del poder ilegítima, fomentada por agentes del Estado y en
torno a un proyecto político-económico, sí que podemos decir que estamos ante
un golpe. No hay ningún crimen de responsabilidad que se le pueda atribuir a la
presidenta Dilma, lo que hay es un pretexto jurídico para derribarla, que ha
sido planeado por grupos de la oposición desde que ganó las elecciones de 2014.
Por lo tanto la toma de poder capitaneada por el vicepresidente de la República
y la oposición, con apoyo del Parlamento es ilegítima y organizada por agentes
del Estado. Con Dilma fuera del Gobierno se pretenden aplicar una serie de
reformas neoliberales, anti sociales, que difícilmente habrían salido adelante
con un presidente elegido por el voto popular. Por lo tanto alrededor del golpe
hay un proyecto político y económico.
Algunos juristas se
niegan a hablar de golpe porque dicen que con crimen de responsabilidad el
'impeachment' sería un instrumento jurídico contemplado en la Constitución.
El impeachment está previsto en
la Constitución, como también lo están otras medidas excepcionales como el
estado de sitio. El que esté contemplado no quiere decir que sea apto para
hacer efectiva la aplicación de la medida. La Constitución exige que haya un
crimen de responsabilidad para hacer el impeachment y no hay nada
definido en la ley como crimen que se le pueda atribuir a la presidenta. Las
"pedaladas fiscales" (uso de fondos de bancos públicos para cubrir
programas de responsabilidad del Gobierno) no son un crimen, incluso son
una práctica frecuente en los gobiernos de diversos estados del país, y ninguno
de ellos ha sufrido ni una sola sanción por ello.
¿Salir de la
presidencia del Gobierno por las 'pedaladas fiscales' sería un castigo
desproporcional?
Sin ninguna duda. Se están confundiendo
actos reprobables o actos ilegales con actos criminales. Pero el pretexto de la
"pedalada fiscal" demuestra mucho más. Lo que dice es que hoy en día
la cuestión presupuestaria aparece como la principal preocupación de los
Estados. Los derechos humanos y la participación popular en la gestión pública
se encuentran en un segundo plano. Éste no es un problema exclusivamente
brasileño, sino de la mayoría de las democracias representativas y que está
generando una gran desconfianza en el sistema, como lo vemos hoy en países de
todo el mundo.
El abogado de
Rousseff, José Eduardo Cardozo, dijo que este 'impeachment' sería un acto de
“venganza”. ¿Qué opinión le merece esta afirmación?
No sé si es un acto de venganza, no sé
si la política brasileña trabaja con este concepto. Lo único que está muy claro
es que se trata de una toma del poder desprovista de amparo jurídico.
¿Cuánto pesa lo
político en relación a la formalidad jurídica del proceso?
En el derecho brasileño el impeachment
es un juicio mixto: político y jurídico. Debe seguir los requisitos jurídicos
que piden que haya una existencia concreta de crimen de responsabilidad y el
procedimiento debe seguir los respectivos procesos legales. A su vez el juicio
se produce en el Senado, que sería la parte política. De este modo el peso
político debería equilibrarse con el peso jurídico. Pero en el caso de la
presidenta Dilma Rousseff esto no ocurre. Lo que vemos es que prevalece de
manera desproporcional el aspecto político. Al final de cuentas están haciendo
de la pérdida de apoyo parlamentario, algo que es un hecho habitual en los
sistemas presidencialistas y que debería resolverse a través del diálogo entre
poderes, el principal motivo de pérdida del mandato de una presidenta elegida
democráticamente por el pueblo.
¿Se están cumpliendo
adecuadamente los ritos del proceso?
No. No hay un crimen imputado a la
presidenta de la República, por lo tanto no se están cumpliendo adecuadamente.
Las conversaciones
telefónicas que salieron a la luz en mayo entre el expresidente de Transpetro,
Sergio Machado, y el exministro de Temer, Romero Jucá, decían que el Tribunal
Supremo “ya estaba al tanto de todo” y que estaría “de acuerdo con el
'impeachment'”. ¿El Tribunal Supremo en Brasil es independiente?
En teoría el Tribunal Supremo Federal es
independiente. Hasta ahora la nominación de sus respectivos miembros la realiza
el Ejecutivo y es aprobada por el Senado. Los criterios de elección de sus
jueces no suele ser claro; en realidad no hay mucha transparencia en ese
proceso. Creo que la sociedad civil debería tener una participación más activa
en la selección de sus miembros.
En estas mismas
conversaciones se hablaba como si se tratara de un complot para acabar con
Dilma y evitar las investigaciones de Lava Jato. Jucá decía que había que
“sacar a Dilma para evitar la sangría de las investigaciones”. ¿Estas
declaraciones no serían un argumento para frenar el proceso contra la
presidenta que aparece como algo orquestado?
Sí, deberían ser un freno. Hay indicios
de que hay un desvío de finalidad en el proceso. En otras palabras, se utilizaría
esta medida contemplada en la Constituución, pero no con los fines previstos en
la Constitución. Cuáles serían esos fines, todavía no está claro, la Historia
lo esclarecerá. Por ahora lo único seguro es que todo lo que está sucediendo
viene de la mera falta de apoyo parlamentario, lo que en un régimen
presidencialista no permite la salida de un jefe del ejecutivo.
¿Qué legitimidad
tienen los senadores que van a juzgar a la presidenta cuando un 40% de ellos
está acusado de escándalos de corrupción?
El hecho de que senadores acusados de
corrupción sean los que juzguen a una presidenta que no está formalmente
acusada de corrupción, mancha todavía más la legitimidad del proceso. Hay que
recordar que la denuncia del impeachment la hizo el presidente de la Cámara
de los Diputados, Eduardo Cunha, quien está apartado de sus funciones por
serias denuncias de corrupción que pesan contra su persona.
¿Qué tipo de
precedentes puede sentar este 'impeachment' para el país? ¿A partir de ahora
será más fácil sacar a un presidente del poder?
El precedente de que la mera pérdida de
apoyo parlamentario pueda derribar presidentes democráticamente elegidos. En
Brasil ya no hay ninguna seguridad jurídica para salvaguardar el voto popular,
éste será siempre rehén de la conveniencia parlamentaria.
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